La organización ecosocialista considera que los ayuntamientos deben implicarse en la búsqueda de fórmulas para cumplir con el derecho esencial a la vivienda

Sí se puede reclama el alquiler social para las once familias amenazadas por un desalojo en Tacoronte previsto para dentro de diez días. El alquiler social es, a juicio de la organización ecosocialista, la fórmula que puede permitir a estas familias continuar residiendo en las viviendas del número 84 de la calle Ismael Domínguez, donde viven desde hace dos años y medio.

“Las familias piden desesperadamente al Ayuntamiento de Tacoronte, al Instituto Canario de la Vivienda y al Gobierno de Canarias que medien o insten a Bankia y a Sareb –entidades propietarias de las casas– a alcanzar un acuerdo de alquiler social, en términos adaptados a la situación de cada familia”, manifiesta la portavoz del grupo municipal ecosocialista en la corporación, Violeta Moreno.

Sí se puede apoya la lucha de estas familias, que están decididas a encontrar soluciones justas y acordes a su situación; por eso las apoya en la recogida de firmas que promueven y asistirá a la asamblea informativa convocada para este viernes 24 de marzo a las 18:00 horas, en el local de la AA. VV. El Casco.

Se trata de familias con miembros afectados por el desempleo y que atraviesan una situación económica que les impide acceder a un alquiler a precio de mercado; la mayoría tienen a sus hijos e hijas escolarizados en el municipio.

 

Moreno destaca que las viviendas citadas “se encontraban vacías; desde hace unos meses, los propietarios, Bankia y Sareb, han puesto a la venta estos pisos por la mitad de su precio original; el coste de la cuota mensual en caso de venta se acerca al precio de un alquiler social, de ahí nuestra petición y la de las familias”.

“Consideramos que es insuficiente el ofrecimiento del Ayuntamiento de Tacoronte de aportar el coste de la ayuda de alquiler correspondiente a dos meses –detalla la portavoz ecosocialista–. Creemos que hay que asegurar a cualquier vecino y vecina una vivienda digna, un derecho que consagra el artículo 47 de la Constitución”.

A juicio de Sí se puede, “los ayuntamientos deben trabajar para crear proyectos piloto que ofrezcan soluciones a este tipo de situaciones, en la línea de constituir bolsas de vivienda de alquiler social, conceder ayudas para la recuperación de viviendas en mal estado, aumentar las ayudas destinadas a alquiler y otras fórmulas; las corporaciones locales, por su cercanía a la población, pueden buscar soluciones locales”, apunta la concejala.

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